II Taller Internacional sobre Feminicidio y Violencia contra la Mujer

Presentación

A pesar de la existencia  de un marco jurídico internacional tendiente a proteger los derechos humanos de las mujeres, la violencia contra las mujeres persiste en todos los países del mundo como una violación generalizada de los derechos humanos y uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género. Esa violencia, en palabras del Secretaría General de las Naciones Unidas, es inaceptable, ya sea cometida por el Estado y sus agentes; por parientes o por extraños; en el ámbito público o privado; en tiempo de paz o en tiempos de conflicto. Mientras siga existiendo la violencia contra la mujer, no se puede afirmar que se han logrado progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz[1].

Además, las experiencias dramáticas en la región muestran la ineficacia del sistema jurídico; así como de los aparatos policiales y de persecución para prevenir, investigar  y sancionar adecuadamente las desapariciones, violaciones, así como los asesinatos de mujeres por razones de género, que han sido nombrados en varios países latinoamericanos como feminicidios/femicidios.

Tal como ha observado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la mayoría de los países de la región existe un reconocimiento formal y jurídico de que “la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario”. Y a pesar, del deber general para los Estados de promover la igualdad de jure y de facto entre las mujeres y los hombres; así como, de los deberes de elaborar y aplicar efectivamente un marco de normas jurídicas y de políticas públicas para proteger y promover plenamente los derechos humanos de las mujeres, existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema; así como, entre la calidad de la respuesta judicial ofrecida para atender la violencia contra las mujeres[2].

Actualmente, varios estudios han demostrado que gran parte de la violencia contra las mujeres cometida por actores privados y comprende una amplia gama de personas y entidades, como la pareja y otros miembros de la familia; los conocidos ocasionales y extraños; las instituciones del barrio y la comunidad; las organizaciones delictivas, así como las organizaciones y las empresas comerciales, entre otros. Y aunque la mayoría de los países de la región prevén en sus legislaciones medidas de protección ―también denominadas órdenes de protección, restricción o de alejamiento―, cuya finalidad es la de proteger a las mujeres de una amenaza inmediata de violencia prohibiendo al agresor que se acerque a la víctima durante un plazo determinado o haciendo que salga del hogar[3].

Se ha constatado que en muchos casos las mujeres son víctimas de agresiones mortales luego de haber acudido a reclamar la protección cautelar del Estado, e incluso habiendo sido beneficiadas con medidas de protección que no son adecuadamente implementadas ni supervisadas. Entre las razones que explican la inacción de autoridades estatales se encuentran su desconfianza en lo alegado por las víctimas de violencia y su percepción del tema como un asunto privado y de baja prioridad[4].

De lo anterior la relevancia de contar con elementos en materia de argumentación jurídica con perspectiva de género, criterios de organismos internacionales para prevenir y proteger adecuadamente a las mujeres contra la violencia.

[1] Véase. Naciones Unidas, “Poner fin a la violencia contra la Mujer: De las palabras a los hechos”, Estudio del Secretario General de Naciones Unidas, 2006. [2] Cfr. CIDH, “Informe Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas”,  OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007. Disponible en Internet:  http://www.cidh.org [3] Véase. Naciones Unidas, “Poner fin a la violencia contra la Mujer: De las palabras a los hechos”, Estudio del Secretario General de Naciones Unidas, 2006. [4] Cfr. CIDH, “Informe Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas”,  OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007. Disponible en Internet:  http://www.cidh.org

Docentes:

  • Karla Micheel Salas Ramírez
  • Isabel Agatón Santander
  • María Camila Correa Flórez
  • Gloria Bernal Acevedo

Dirigido a:

Abogadas y abogados, Defensores/as públicos, Fiscales y/o Ministerio Público, activistas y defensores/as de derechos humanos, entre otros/as interesados/as en la temática. 

Lugar y Fechas

Bogotá, D.C., sede CESJUL ubicada en la carrera 16 No. 37-11. Del 9 al 11 de mayo de 2019.

Intensidad

Se certificarán treinta horas (30) académicas.

Beneficios

  • Clases presenciales dirigidas por docentes expertas
  • Instalaciones cómodas y adecuadas para jornadas intensivas
  • Certificación de Seminario Internacional
  • Agenda y bolígrafo
  • Material fotográfico virtual
  • Coffe Break am/pm

Inversión:

Doscientos cincuenta dólares USD $250,oo

Inscripciones hasta el 25 de abril o hasta agotar cupos.

Opciones de pago:

  1. Pago virtual ingresando AQUÍ
  2. Depósito bancario en la cuenta de ahorros No. 618-933389-33 de Bancolombia a nombre de CESJUL (Debe pagar el valor a la TRM del día de la consignación)
  3. Pago en efectivo obtiene descuento del 5% (Para reservar el cupo debe enviar los pasajes aéreos al correo inscripciones.cesjul@gmail.com)

RECUERDE QUE EL CUPO ES LIMITADO

Informes en:
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